El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron rescindir una política que requeriría que los estudiantes internacionales tomen clases en persona para permanecer en los EE. UU.
Las agencias llegaron a un acuerdo con Harvard y el MIT, quienes presentaron una demanda el 8 de julio sobre la política. La resolución llegó en menos de cinco minutos a una audiencia para el caso, anunció la jueza federal Allison D. Burroughs.
ICE restablecerá las pautas que aplicó al semestre de Primavera 2020, lo que permitió a los estudiantes internacionales con visas F-1 tomar cursos completos en línea mientras conservan su estado de visa. Esa política, anunciada en marzo, permitió que cientos de miles de estudiantes internacionales permanecieran en los Estados Unidos después de que COVID-19 llevó a sus universidades a trasladar la instrucción en línea. Por lo general, los estudiantes que tienen una visa F-1 pueden contar un máximo de una clase en línea para su curso de estudio.
La nueva política, anunciada el 6 de julio, declaró que los estudiantes internacionales que tomaron un curso completo en línea durante el próximo semestre de otoño podrían enfrentar "consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de los procedimientos de expulsión".
Una gran cantidad de universidades, incluida Harvard, planean ofrecer todas sus clases en línea durante el próximo semestre. Otros, incluido el MIT, han propuesto un modelo híbrido de instrucción en línea y en persona.
En la demanda de Harvard y el MIT, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, las universidades se refirieron a la directiva de ICE como "arbitraria y caprichosa y un abuso de discreción". La demanda fue seguida por una demanda separada que incluía 17 estados y DC, con el apoyo de cientos de universidades. Los demandantes alegaron que la norma imponía grandes cargas financieras y administrativas a los colegios y universidades e interferiría con las pautas de reapertura que los gobiernos estatales ya habían emitido. También argumentaron que la directiva dañaría a los estudiantes, señalando que muchos no podrían regresar a sus países de origen debido a restricciones de viaje y restricciones financieras.